lunes, 3 de octubre de 2011

Tribuna publicada el 02-10-2011 en el diario ABC

NO HAY MARCHA ATRÁS

Juan Moscoso del Prado

Diputado a Cortes por Navarra (PSOE)
y Doctor en CC. Económicas

Estamos intentando que el antiguo sistema funcione y ese no es el camino, hace falta otro, hay que construir un sistema económico diferente y cuanto más tardemos en darnos cuenta peor será. No vamos a volver al crecimiento que comenzó en 1994 prometiendo las mismas políticas de entonces con menos impuestos. Ese fue el error de los ochenta liderado por Thatcher y Reagan tras la crisis de los años setenta, la base de la crisis actual, la desregulación financiera pero también en otros sectores. La burbuja inmobiliaria es consecuencia de ella, de esa filosofía. Aunque nuestra banca no se lanzó a la innovación financiera tóxica como hizo la de otros países, sí se volcó en el sector inmobiliario, en particular el residencial, y lo está pagando con efectos similares. La segunda consecuencia de la crisis, la deuda soberana o del euro, no es un efecto del Plan-E ni de ningún error clamoroso de este gobierno tras la certificación de la crisis en 2008 con el colapso de Lehman Brothers, o de las difíciles decisiones adoptadas en mayo de 2010 por nuestro gobierno desde la mas estricta soledad –por eso choca que muchos de los que entonces quisieron arriesgar y dejar caer al país y de paso al gobierno por el precipicio hablen ahora de grandes pactos de Estado-. La crisis de la deuda es el producto de la propia crisis financiera e inmobiliaria, y del desempleo y destrucción de tejido productivo que ha generado.

La deuda española, italiana o francesa sufre en los mercados porque con la estructura productiva actual, con nuestro modelo de ingresos y gastos, con las obligaciones generadas en materia social, en infraestructuras, en servicio de deuda o intereses –incluso con una deuda pública española por debajo de la media europea-, no parece que la estructura productiva resultante de la crisis permita asegurar hacer frente a ese volumen de compromisos. El problema no es el endeudamiento público, insisto, que es bajo en España, sino el temor a que la economía debilitada por la crisis no sea capaz de asumir el coste de todas las obligaciones adquiridas en los últimos 30 años. Tan pronto como se vuelva a crecer y se ocupe el espacio que han dejado las miles de empresas destruidas y los millones de empleos desaparecidos la crisis de la deuda se irá mitigando. Mientras, además, la obligada austeridad necesaria para hacer más liviana esa carga afecta al ritmo y posibilidades de la recuperación. Cierto es también que el elevado volumen de deuda privada supone un lastre adicional para la recuperación, otro regalo bancario.

El gasto público, por tanto, debe primar dos objetivos. El primero, el mantenimiento del Estado del Bienestar y de las medidas que garanticen la igualdad de oportunidades, para evitar que la crisis se lleve por delante a una generación entera. Sólo el Estado del Bienestar garantiza que en la vida se alcancen unas metas en función de lo que se lleva dentro, de la capacidad de cada uno, y no del origen. Los diferentes énfasis que se conceden a la ruptura de esa desigualdad es la base de la diferencia entre izquierda y derecha. En segundo lugar, aunque al mismo nivel, las medidas destinadas a reforzar nuestra capacidad de crecimiento, la educación en su doble faceta -igualdad de oportunidades e inversión productiva-, en combinación con todo lo destinado a modernizar nuestra economía y a mejorar su competitividad y productividad.

Por ello, siete semanas antes de las elecciones, mientras desde el PSOE hemos reconocido que podíamos haber hecho más para acabar con la burbuja, desde el PP se sigue sin hacer ningún tipo de autocrítica mientras se vende la falsa idea  de que es posible retornar al pasado, a esa burbuja impulsada por la Ley del Suelo de 1998, las deducciones fiscales a la vivienda y el alicatamiento a crédito de nuestro país que tanto daño nos ha hecho. No hay marcha atrás.

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